Por: Tito Olivo economista y analista geopolítico .
EEste domingo 21 de junio, los colombianos y colombianas se encuentran ante una encrucijada histórica. La decisión no es menor: está en juego la continuidad de un modelo que ha puesto la dignidad humana y la inclusión social en el centro de la agenda pública, o el peligroso salto hacia un retroceso que amenaza con devolver al país a los tiempos de la represión y la exclusión de las mayorías.
Durante los últimos cuatro años, el gobierno de Gustavo Petro ha demostrado que, con voluntad política, es posible transformar las estructuras que históricamente han marginado al pueblo. Los indicadores son elocuentes y reflejan un cambio de paradigma: la pobreza monetaria alcanzó el 31.8%, la tasa más baja en una década, mientras que la pobreza multidimensional cayó al 9.9%. En términos humanos, esto significa que cerca de 1.7 millones de personas han logrado salir de la miseria.
La política social no ha sido solo asistencialismo, sino una herramienta de dignificación. El aumento del 39% en el salario mínimo real frente a la inflación —un salto contundente comparado con el paupérrimo 9% acumulado en la década anterior— es prueba de una economía que, por fin, piensa en el trabajador. A esto se suma la reforma en la política de transferencias, donde el programa Colombia Mayor elevó el subsidio de 80,000 a 230,000 pesos, un alivio necesario para 3 millones de adultos mayores que fueron olvidados durante décadas.
Otro pilar fundamental ha sido la inversión territorial. Por primera vez, el Estado ha mirado hacia los territorios históricamente rezagados como Vaupés, Arauca, Chocó y La Guajira, invirtiendo per cápita donde otros gobiernos solo enviaban promesas. En el ámbito económico, la reducción del desempleo —del 10.6% al 8.2%— y la histórica transición energética, donde la generación solar ya supera al carbón, posicionan a Colombia como una nación que no solo se moderniza, sino que asume su responsabilidad con el planeta.
Sin embargo, en la acera de enfrente, el proyecto que representa Abelardo de la Espriella plantea un escenario preocupante. Su propuesta no solo se fundamenta en un discurso de desregulación y privatización extrema, sino que carga con la sombra de una trayectoria ligada a intereses que poco tienen que ver con el bienestar público. La amenaza de privatizar cárceles y desmantelar la educación universitaria gratuita es un golpe directo a las conquistas de la juventud y las clases populares.
No podemos ser ingenuos. La historia de nuestro continente nos enseña que cuando las élites que históricamente se han servido del Estado regresan al poder bajo discursos de «mano dura», el costo suele pagarlo el ciudadano de a pie. La memoria de los «falsos positivos» y la violencia política no debe ser un capítulo que Colombia vuelva a escribir.
La suerte está echada. Este domingo, el elector tiene el poder de decidir si permite que el país siga avanzando hacia una Colombia más humana, inclusiva y soberana, o si retrocede hacia una etapa de inequidad y represión. Votar por la opción que encarna Iván Cepeda es, en este momento, la única vía para garantizar que el desarrollo social no se detenga.
La historia juzgará la decisión de este 21 de junio. Que sea una decisión a conciencia, por la vida y por la paz.
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