Por: Tito Olivo
Economista y analista geopolítico
Tras haber expuesto en las dos primeras entregas los orígenes y las tensiones estructurales del orden económico internacional, esta tercera parte se centra en evidenciar cómo el modelo neoliberal profundizó las desigualdades sociales tanto en el centro emisor —Estados Unidos— como en la periferia —América Latina y el Caribe—. Ante el agotamiento de este paradigma, se vislumbra la necesidad ineludible de un nuevo keynesianismo adaptado al siglo XXI para contener la crisis sistémica en gestación.
El cruce en «tijera» en Estados Unidos
En Estados Unidos, las políticas de desregulación y desmantelamiento del Estado de bienestar polarizaron la distribución del ingreso. En la actualidad, el 1% más rico captura entre el 19% y el 21% del ingreso nacional, mientras que el 50% de menores ingresos apenas retiene entre el 12% y el 13%.
Este panorama contrasta radicalmente con el período del consenso keynesiano (1950–1975). En aquel entonces, el 1% superior absorbía solo entre el 10.5% y el 11% del ingreso, mientras que el 50% de la base participaba con el 20% al 21.5%. Bajo el régimen neoliberal, la cúpula económica prácticamente duplicó su participación en el excedente nacional, mientras la mitad de la población vio desplomarse su piso de participación relativa.
La rigidez de la brecha en América Latina
A diferencia de la experiencia estadounidense —donde hubo una etapa dorada de compresión distributiva previa al cruce en «tijera»—, en América Latina y el Caribe la desigualdad ha sido histórica y estructural. Sin embargo, el tránsito desde el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI / desarrollismo cepalino) hacia el recetario del Consenso de Washington agravó la vulnerabilidad de las mayorías.
Durante la etapa desarrollista, el 50% de menores ingresos participaba con un 14% a 16% del ingreso nacional; con la consolidación neoliberal, esa cuota se redujo a un precario rango de entre el 8% y el 10.5%. Paralelamente, el decil superior (el 10% más rico) pasó de absorber entre el 42% y el 46% a concentrar entre el 54% y el 58% del ingreso total, blindando su apropiación del excedente productivo.
Esta regresión obedeció a dos factores determinantes:
- La ofensiva antisindical y la precarización laboral: Se desarticuló la indexación salarial por inflación y se recortaron conquistas sociales, confinando a más de la mitad de la fuerza de trabajo a la informalidad.
- La asimetría tributaria: Se redujeron drásticamente las tasas marginales del impuesto directo sobre la renta y el patrimonio corporativo, trasladando la carga fiscal hacia la imposición indirecta al consumo (el IVA, conocido en la República Dominicana como ITBIS).
La trampa fiscal y el endeudamiento de los hogares
Este esquema tributario regresivo ha generado desbalances crónicos. Por un lado, la reducción de tributos a las rentas altas, sumada a la evasión y elusión fiscal transfronteriza, erosiona los ingresos fiscales de los Estados. Los gobiernos quedan atrapados en déficits estructurales que los obligan a recurrir a continuos ciclos de endeudamiento y refinanciamiento para sostener el gasto operativo elemental.
Por otro lado, para el ciudadano de a pie la situación es asfixiante: aquel que destina la totalidad de sus ingresos al consumo elemental tributa sobre cada bien que adquiere. Ante la insuficiencia salarial, las familias recurren al crédito y al malabarismo con el dinero plástico, acumulando niveles insostenibles de deuda privada para garantizar su subsistencia diaria.
El shock energético, las guerras y la inflación
A esta precariedad estructural se añade hoy un vector crítico: el impacto inflacionario derivado de las confrontaciones geopolíticas y la guerra comercial y arancelaria. Mientras el complejo militar-financiero y las grandes corporaciones energéticas obtienen beneficios extraordinarios, la inflación devora el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
A nivel global, la inflación promedio proyectada por el FMI y el Banco Mundial oscila entre el 4.3% y el 4.8%, reflejando una moderación formal respecto a los picos inmediatos de la postpandemia, pero manteniendo una alta rigidez en economías dependientes de importaciones.
El shock detonado en 2022 con el conflicto entre Rusia y Ucrania disparó las cotizaciones del crudo y del gas natural —recordando que Rusia operaba como el primer exportador mundial de gas y el segundo mayor productor global con cerca de 700 mil millones de metros cúbicos anuales—. Cuando a este cuadro se le sumaron las tensiones arancelarias impulsadas por Donald Trump y la fragmentación comercial continuada por la administración Biden, la estructura de costos de los bienes y servicios básicos quedó permanentemente tensionada al alza.
La tenaza geoeconómica y el abismo de la deuda
La economía del Sur Global se encuentra hoy atrapada en una tenaza implacable compuesta por dos brazos:
- El encarecimiento del servicio de la deuda: Las tasas de interés internacionales obligan a refinanciar compromisos soberanos a cupones significativamente más elevados (7% al 10%+), con pagos ineludibles que no admiten moratoria sin detonar una degradación crediticia.
- La factura energética: El costo recurrente de importar combustibles drena las reservas netas de divisas y presiona los tipos de cambio.
En el centro del sistema, la deuda pública federal de los Estados Unidos ha cruzado la barrera psicológica e histórica de los US$ 40 billones (40 trillones anglosajones). En términos agregados globales:
- La Deuda Global Total (pública y privada) ronda los US$ 320 – 325 billones, equivalente a cerca del 335% del PIB mundial.
- La Deuda Pública Global supera los US$ 96 – 100 billones, donde Washington concentra por sí solo más del 40% de toda la deuda soberana del planeta.
Hacia un nuevo capitalismo de Estado y la necesidad del retorno keynesiano
El dogma neoliberal prometió disciplina fiscal y desendeudamiento; la realidad empírica demuestra que legó un sobreendeudamiento colosal, déficits públicos desbordados y fractura social.
El agotamiento del ciclo iniciado en los años 70 en el Cono Sur y formalizado en los 90 con el Consenso de Washington es evidente. La reconfiguración global, el auge del nearshoring y la pugna comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China exigen que los Estados retomen su papel rector.
Los países de nuestra región no podrán dar el salto cualitativo en infraestructura, soberanía energética y transferencia tecnológica actuando como meros espectadores desregulados. Se requiere una articulación estratégica donde el Estado actúe como socio e inversor directo junto al capital privado, generando empleo formal, capturando rentas estratégicas y reduciendo la vulnerabilidad externa. Experiencias contemporáneas evidencian que una presencia estatal planificadora es capaz de erradicar pobreza estructural y sanear pasivos externos.
El keynesianismo no regresará como una copia idéntica del siglo XX, sino como un modelo de desarrollo soberano, productivo y socialmente vinculante, indispensable para evitar que la tenaza de la deuda y la energía termine por quebrar la estabilidad de nuestras naciones.
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