Jorge Daniel Drkos:
Diputado y Senador de 1989 a 2003
Ministro Plenipotenciario Cancillería de la República Argentina 2004 – 15
Médico egresado Universidad Nacional de La Plata
A 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976 y a más de cuatro décadas de la
recuperación democrática, recordar el terrorismo de Estado y sus consecuencias no es
sólo un acto de homenaje a las víctimas: es una responsabilidad colectiva para
defender la democracia, la soberanía y los derechos conquistados por nuestro pueblo.
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional e
instauraron en la Argentina una dictadura cívico-militar que, con la participación y el
apoyo de sectores empresariales y eclesiásticos, desplegó un plan sistemático de
persecución, secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas.
El terrorismo de Estado fue el instrumento central para disciplinar a la sociedad,
destruir las organizaciones políticas, sociales y sindicales y modificar de manera
profunda la estructura económica y social del país.
La dictadura no sólo se sostuvo sobre la violencia y el terror: también impulsó un
proyecto económico orientado a la concentración de la riqueza y a la subordinación de
la economía nacional a los intereses del capital financiero internacional.
Bajo la conducción del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, se
implementaron la desregulación del comercio exterior, la apertura indiscriminada de
importaciones y una profunda reforma del sistema financiero.
La convergencia entre la llamada “libertad de mercado” y la Doctrina de la Seguridad
Nacional definió el perfil de aquel período. Sus consecuencias fueron la
desindustrialización, el debilitamiento del aparato productivo nacional y el deterioro
de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, en un proceso que
significó un verdadero industricidio.
La dictadura cívico-militar instauró un régimen que dejó como saldo 30.000 detenidos-
desaparecidos, miles de personas perseguidas, encarceladas, exiliadas o sometidas a
torturas en más de 600 centros clandestinos de detención.
Aquella maquinaria represiva no tuvo como único objetivo eliminar a quienes se
oponían políticamente al régimen, sino disciplinar a toda la sociedad para imponer un
profundo cambio en la estructura económica, social y política del país.
Frente al terror, incluso en los años más oscuros surgieron voces que se animaron a
enfrentar la dictadura. Las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo,
junto a familiares de detenidos-desaparecidos y a miles de compañeros y compañeras,
protagonizaron una de las gestas de resistencia moral y política más profundas de la
historia argentina.
Sus marchas, la búsqueda incansable de los detenidos-desaparecidos y la recuperación
de la identidad de los nietos apropiados transformaron el dolor en lucha, sostuvieron
viva la denuncia y abrieron un camino de memoria, verdad y justicia que trascendió
generaciones y obtuvo reconocimiento en todo el mundo.
Las raíces del terrorismo de Estado, se remontan a una historia más extensa de
represión contra el movimiento obrero y las luchas sociales en la Argentina.
Durante la década de 1960 y comienzos de los años setenta se profundizaron los
mecanismos represivos del Estado, se perfeccionaron los mecanismos estatales y
paraestatales de espionaje, persecución y castigo contra los opositores y conformaron
las bandas parapoliciales de la Triple A, antecedente directo de los grupos de tareas
que actuarían durante la dictadura.
El periodista y militante Rodolfo Walsh, en su histórica Carta abierta a la Junta Militar,
denunció con claridad el carácter del régimen cuando escribió:
“Las Tres A son hoy las Tres Armas, y la Junta que ustedes presiden no es el fiel de la
balanza entre violencias de distintos signos, ni el árbitro justo entre dos terrorismos,
sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el
discurso de la muerte.”
En este marco, diversos protagonistas del régimen terminaron reconociendo con el
tiempo cuál fue la verdadera razón de tanto sufrimiento, muerte y retroceso social. El
general Ramón Genaro Díaz Bessone admitió con crudeza el sentido profundo del
golpe:
“El motivo del derrocamiento del gobierno peronista en marzo de 1976 no fue la lucha
contra la subversión. Nada impedía eliminarla bajo un gobierno constitucional. La
justificación de la toma del poder por las Fuerzas Armadas fue clausurar un ciclo
histórico.”
Aquella afirmación desnuda el objetivo estratégico de la dictadura: no solo disciplinar a
la sociedad, sino también destruir las bases sociales, políticas y económicas que habían
sostenido la ampliación de derechos y la participación popular en la vida nacional.
En ese sentido, el terrorismo de Estado operó como condición necesaria para aplicar
un programa económico que difícilmente hubiera podido implementarse en
democracia.
Las consecuencias de ese programa económico resultan elocuentes, se llevó a cabo un
proceso de transferencia regresiva de ingresos y desindustrialización cuyas cifras
ilustran la magnitud del daño social producido:
- Entre 1976 y 1983, la deuda externa argentina se multiplicó por seis: pasó de 7.800 a
46.500 millones de dólares. - La inflación acumulada durante ese período alcanzó el 517.000%.
- Alrededor de 20.000 fábricas y establecimientos industriales cerraron.
- El empleo industrial cayó un 35%, expulsando del trabajo a unas 400.000 personas.
- La participación de los salarios en el ingreso nacional se desplomó del 49% en 1975 al
32,5% en 1982. - La promulgación en 1977 de la Ley de Entidades Financieras se convirtió en uno de
los pilares del nuevo esquema económico y financiero, cuya estructura perdura hasta
nuestros días.
Si los militares genocidas fueron los ejecutores directos de la represión y el exterminio,
también existieron actores civiles que promovieron, respaldaron o se beneficiaron de
ese proyecto. Entre ellos se encontraban organizaciones empresarias como la
Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Sociedad Rural Argentina y la
Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), junto
con sectores de la jerarquía eclesiástica y el respaldo estratégico de los Estados Unidos
en el contexto geopolítico de la Guerra Fría.
Comprender esta trama de responsabilidades, militares, económicas, políticas y
geopolíticas, resulta fundamental para dimensionar el sentido histórico de la derecha
vernácula.
Décadas después, esa misma lógica reaparece en ciertos discursos políticos. El actual
ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha
actualizado, con su propio lenguaje y desde otra coyuntura histórica, una mirada según
la cual el peronismo constituye un obstáculo estructural para una transformación
profunda del país.
Aunque en contextos muy diferentes, estas interpretaciones retoman la idea de que
determinados proyectos políticos y sociales deben ser destruidos para habilitar un
nuevo orden económico.
Con la recuperación democrática en 1983 el gobierno de Raúl Alfonsín creó la
CONADEP, que documentó el sistema represivo clandestino y reunió miles de
testimonios de víctimas y familiares. Su informe final, Nunca Más, permitió reconstruir
una parte fundamental de la verdad histórica y abrió el camino al Juicio a las Juntas,
uno de los hitos más importantes de la justicia internacional en materia de derechos
humanos.
Ese proceso, sin embargo, fue interrumpido por la sanción de las leyes de Punto Final,
de Obediencia Debida y los Indultos que garantizaron durante años la impunidad de los
genocidas. La anulación de esas normas durante el gobierno de Néstor Kirchner
permitió reabrir los procesos judiciales y consolidar una memoria activa que reafirmo
los valores de la democracia, la justicia social y los derechos humanos
Gracias a ese proceso, la justicia argentina reconoció el carácter genocida del
terrorismo de Estado y dictó sentencias condenatorias contra más de 1.200 militares o
de fuerzas de seguridad responsables de secuestros, torturas, asesinatos y
desapariciones. Este recorrido constituye una conquista histórica del pueblo argentino
y un ejemplo a nivel internacional en la lucha contra los militares genocidas y sus
cómplices civiles.
A cincuenta años del golpe de Estado, la memoria de aquellos acontecimientos no
pertenece sólo al pasado. Es un compromiso con el presente y con el futuro. Mantener
viva la memoria colectiva, honrar a las víctimas y defender las conquistas alcanzadas es
reafirmar, una vez más, el pacto democrático construido por la sociedad argentina y
sostener la convicción de que el terrorismo de Estado nunca más debe repetirse en
nuestro país.
Sin embargo, en el presente el país atraviesa uno de los momentos más críticos y
complejos de su historia contemporánea, el negacionismo promovido por el gobierno
de Javier Milei representa un preocupante retroceso.
A más de cuatro décadas de la recuperación democrática, resurgen discursos y
políticas que relativizan o niegan lo sucedido y que, al mismo tiempo, retoman las
bases económicas y sociales del proyecto impuesto por la dictadura.
El país es gobernado por un presidente que se jacta públicamente de su crueldad, que
a fuerza de “motosierra”, propone destruir el Estado, que entrega recursos
estratégicos y que está involucrado en escándalos vinculados a fraudes con
criptomonedas, hechos por los cuales tarde o temprano deberá rendir cuentas.
Al mismo tiempo, da la espalda a vastos sectores que requieren la presencia del
Estado: jubilados y jubiladas, niñeces y adolescentes, mujeres que sufren violencia,
trabajadoras que sostienen comedores comunitarios en medio de una creciente
pobreza, diversidades, trabajadores de la salud y la educación, y quienes integran la
economía popular. En definitiva, nuestro pueblo.
Con el argumento de combatir la inflación y reducir lo que denominan “gasto público”,
el gobierno ha sometido a los estados provinciales y a los municipios a un severo
ahogo financiero, paralizó la obra pública y retiene recursos que corresponden a
millones de argentinos con el objetivo de perjudicar políticamente a la oposición y en
particular al gobernador Axel Kicillof.
Las consecuencias sociales de este programa económico son devastadoras. Cientos de
miles de compatriotas han perdido su empleo como consecuencia de despidos en el
Estado y del cierre de miles de pequeñas, medianas y grandes empresas. Al mismo
tiempo, se desarrolla una campaña de persecución, estigmatización y censura contra
artistas, intelectuales y trabajadores de la cultura.
Describir al gobierno de Milei como una dictadura no resulta preciso. Pero afirmar que
vivimos en una democracia plena también sería falso. No hay democracia completa
cuando las fuerzas de seguridad descargan su violencia contra jubilados y trabajadores,
dejando heridos graves como fotógrafo Pablo Grillo o docentes que han perdido la
vista como consecuencia de la represión.
No hay democracia plena cuando los hospitales carecen de presupuesto suficiente,
cuando las universidades públicas atraviesan una crisis sin precedentes o cuando se
abandonan a las personas con discapacidad, se eliminan pensiones y se recortan
coberturas de salud a pacientes oncológicos, adultos y niños, que dejan de recibir
medicamentos esenciales para su vida.
La democracia también se debilita cuando el poder real utiliza a sus medios de
comunicación para construir sentido común y a un “Partido Judicial” que ocupa hoy el
lugar disciplinador que tuvieron las Fuerzas Armadas en el siglo XX.
El sistema judicial se ha convertido en un dispositivo de legitimación del saqueo
económico y de persecución selectiva, mientras se criminaliza la protesta social y se
reprime a quienes reclaman por sus derechos.
La utilización del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento político tiene
como principales objetivos a Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Julio de
Vido (ex Ministro Obra Pública durante gestión de Néstor y Cristina), entre otros
dirigentes.
No hay democracia completa ni justicia en la Argentina mientras la dirigente política
más importante del último medio siglo —dos veces presidenta de la Nación— se
encuentre presa y proscripta en una causa carente de pruebas. Sobre su figura se
quebraron principios elementales de la convivencia democrática: fue víctima de un
intento de magnicidio, luego proscripta políticamente y finalmente encarcelada.
Cristina se ha convertido así en el símbolo más claro de la persecución judicial y de la
ruptura del pacto democrático en la Argentina.
Se trata de una justicia que dicta medidas cautelares que benefician a los de siempre y
guarda silencio frente a decisiones centrales del actual gobierno permitiéndole dar un
marco legal al saqueo y entrega de recursos naturales estratégicos (litio-cobre-oro-
metales raro –etc)
Al mismo tiempo, el gobierno avanza hacia una profunda flexibilización laboral que
quita derechos conquistados durante décadas de lucha del movimiento obrero y
precariza las condiciones de trabajo.
A ello se suma una preocupante pérdida de soberanía nacional. La política exterior del
gobierno argentino tiene un alineamiento automático con los intereses de los Estados
Unidos, rompiendo principios esenciales de nuestra política exterior como es “la no
injerencia en asuntos internos de otros países” y la solución pacifica de las
controversias. Por último, olvidando a nuestros héroes de Malvinas a debilitado el
histórico reclamo de soberanía sobre las Islas y los espacios marítimos circundantes.
Mientras tanto, el retiro del Estado de vastos territorios y áreas sociales genera
condiciones propicias para el avance de economías ilegales, como el narcotráfico. Allí
donde el Estado se repliega, las organizaciones criminales encuentran terreno fértil
para expandirse, ocupando espacios sociales, económicos e incluso territoriales que
deberían estar bajo la protección de las políticas públicas.
Este conjunto de procesos, persecución política, debilitamiento del Estado, destrucción
de derechos sociales, subordinación externa y expansión de economías ilegales,
configura un escenario de enorme gravedad institucional.
Frente a esta realidad, la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la
justicia social y de la soberanía nacional vuelven a convertirse en una tarea urgente. La
historia del pueblo argentino demuestra que los derechos conquistados sólo pueden
sostenerse mediante la organización, la participación popular y la movilización.
Por ello, frente a cualquier intento de retroceso, el legado de las luchas por Memoria,
Verdad y Justicia continúa siendo una guía imprescindible para defender el presente y
construir un futuro más justo, libre y solidario.
Gracias a esa perseverancia colectiva, la memoria de quienes fueron perseguidos y
desaparecidos continúa viva en las calles, en las instituciones y en la conciencia de
nuestro pueblo. Gracias a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que transformaron el
dolor en lucha.
Porque la memoria no es solamente recuerdo: es compromiso con el presente y con el
futuro.
Porque la memoria es reafirmar nuestro derecho a vivir en democracia, con justicia
social, independencia económica y soberanía política.
Porque la esperanza está en las calles y en la fuerza del pueblo organizado
construyendo su destino.
Porque no hay futuro sin Memoria, porque Sin Memoria no hay Verdad y Sin Verdad
no hay Justicia.
Porque ante cualquier intento de negación o retroceso, la memoria colectiva del
pueblo vuelve a decir con claridad:
No olvidamos. No perdonamos. Que digan dónde están los 30.000 compañeros y
compañeras detenidos-desaparecidos.
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