Por: Tito Olivo
Economista y analista geopolitico
En la década de los 70, tras las dos crisis energéticas globales —la primera detonada por la guerra del Yom Kipur y la revolución iraní para deponer al Sha, seguida por el conflicto entre Irán e Irak— y sumadas a los déficits gemelos de Estados Unidos para financiar la guerra de Vietnam, la tasa de ganancia media del gran capital norteamericano entró en una fase de caída sostenida. Para revertir esta tendencia, la superpotencia planteó un viraje radical: abandonar el modelo de economía del bienestar e instaurar el neoliberalismo.
La economía del bienestar se había institucionalizado en 1933, bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, como respuesta al colapso provocado por el liberalismo económico y la desregulación financiera de los «felices años 20», caldo de cultivo de la Gran Depresión que estalló el jueves 24 de octubre de 1929. El New Deal cumplió una doble función: por un lado, recomponer la base material de la economía estadounidense; por el otro, contener el auge del modelo socialista en Europa.
Para ello, se estructuró un marco jurídico que consagró derechos fundamentales para la clase trabajadora: indexación salarial por inflación, seguridad social, educación y salud públicas y gratuitas, y, sobre todo, una base impositiva progresiva, donde quien más ganaba, más tributaba. Con esos recursos, el Estado impulsó un vasto plan de obras públicas que absorbió mano de obra masiva y dinamizó la demanda agregada.
Es fascinante observar cómo dos teóricos de trayectorias paralelas llegaron a la misma conclusión empírica. Mientras John Maynard Keynes provenía de una familia acomodada y se educaba en la Universidad de Cambridge con los mayores exponentes de su época, Michael Kalecki —cuyo padre quebró durante la crisis de 1929, forzándolo a abandonar la ingeniería— se hizo economista de forma autodidacta. Keynes militaba en la ortodoxia neoclásica y Kalecki en el marxismo; sin embargo, ambos, tras estudiar minuciosamente El Capital, coincidieron en el diagnóstico fundamental: era imperativo expandir la demanda agregada para garantizar la demanda efectiva.
El modelo neoliberal, que de nuevo y de liberal no tiene nada —gestado en 1938 en el Coloquio de Walter Lippmann en París y aplicado por primera vez con extrema crudeza en el Cono Sur a partir de 1973 mediante golpes de Estado militares—, tenía un mandato claro: relocalizar las cadenas industriales norteamericanas hacia geografías con mano de obra ultrabarata. Como advirtió Marx, es el trabajo vivo la fuente primaria de la plusvalía y de la tasa de ganancia.
Aquellas recetas de choque probadas en el Cono Sur se expandieron por el planeta no a través de cuartelazos, sino mediante los Programas de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Sus imposiciones desencadenaron estallidos sociales memorables: la poblada de 1984 en la República Dominicana, el Caracazo en 1989 en Venezuela, las asonadas por hiperinflación en Argentina y el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México en 1994.
Para blindar este esquema, se institucionalizó el célebre y leonino Decálogo del Consenso de Washington. En paralelo, Paul Volcker asumió la presidencia de la Reserva Federal y elevó las tasas de interés hasta el 20% bajo el pretexto de frenar la inflación heredada de los choques petroleros; sin embargo, en sus propias memorias reconoció que el objetivo real era incrementar el desempleo masivo para disciplinar y reducir el poder de negociación de la clase obrera.
Se prometió que el neoliberalismo sanearía las finanzas públicas y garantizaría la disciplina fiscal; el resultado ha sido exactamente el opuesto: la pauperización sistemática de las clases medias y trabajadoras. Mientras que bajo la economía del bienestar el 1% más rico de los países desarrollados redujo su participación en la riqueza nacional a un rango de entre el 20% y el 25%, hoy, debido a la desregulación financiera y a los sistemas impositivos regresivos que premian la renta del capital, ese mismo 1% concentra entre el 37% y el 45% de la riqueza nacional.
En la actualidad, las grandes mayorías subsisten al día mediante la ingeniería financiera del crédito de consumo y la bicicleta de tarjetas de crédito. Los Estados, asfixiados por recortes tributarios a los sectores corporativos, se endeudan sin freno: la deuda global —que agrupa a gobiernos, familias y empresas— ya superó los 365 billones de dólares, al tiempo que la deuda pública de los Estados Unidos roza los 40 billones de dólares. Las protestas sociales que recorren desde Francia, Italia, España y Alemania hasta Nueva Delhi, Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador no son el fruto de agitadores de la extrema izquierda, como pretende desvirtuar el conservadurismo, sino la natural reacción de pueblos empobrecidos por un modelo injusto que premia la especulación y castiga el trabajo. Ha llegado la hora impostergable de impulsar un nuevo paradigma desarrollista que coloque a la persona en el centro y garantice un estándar de vida digno para las grandes mayorías.
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