Por: Tito Olivo
Economista y analista geopolítico
Hacia finales de la década de 1960, el capitalismo central entró en una fase de compresión de la tasa media de ganancia. Uno de los factores determinantes fue el desmesurado coste financiero y logístico que implicó para Estados Unidos sostener la guerra de Vietnam (conflicto en el que profundizó su intervención a partir de 1964). La necesidad de avituallar tropas a miles de kilómetros de distancia disparó los déficits fiscales y obligó a la Reserva Federal a emitir dólares muy por encima de sus reservas metálicas, resquebrajando el compromiso asumido en los acuerdos de Bretton Woods del 22 de julio de 1944, que establecían la convertibilidad fija a razón de 35 dólares por onza de oro.
La fragilidad del esquema quedó en evidencia cuando Francia —inspirada por la visión estratégica de Charles de Gaulle— comenzó a exigir la repatriación física de sus reservas y el canje sistemático de sus tenencias de dólares por oro. Incapaz de sostener la convertibilidad, el presidente Richard Nixon anunció el 15 de agosto de 1971 la suspensión unilateral y «temporal» del respaldo metálico del dólar. Aquella medida transitoria se convirtió en permanente y rige hasta nuestros días.
A los déficits fiscales se sumaron los desbalances en la cuenta corriente de la balanza de pagos. La aceleración inflacionaria —alimentada por la expansión monetaria inorgánica y los crecientes costes energéticos— encareció las operaciones de las empresas estadounidenses, mermando su competitividad internacional. En paralelo a este deterioro económico, el mapa geopolítico regional se transformó con la victoria democrática de la Unidad Popular y Salvador Allende en Chile el 4 de septiembre de 1970.
Para recuperar el control de su patio trasero e imponer un nuevo marco de acumulación, Washington impulsó el sangriento golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973 en Chile, seguido por el golpe cívico-militar de Jorge Rafael Videla en Argentina en 1976. Junto a los regímenes de facto preexistentes en Uruguay, Paraguay y Brasil, el Cono Sur se convirtió en el laboratorio fundacional de lo que se denominó «neoliberalismo».
Este modelo no era propiamente nuevo —pues sus premisas doctrinales venían debatiéndose desde el Coloquio Walter Lippmann celebrado en París en 1938— ni fue liberal en su método, dado que se instauró sobre la base de la represión coordinada del Plan Cóndor.
Bajo este esquema autoritario se cercenaron los derechos laborales, se privatizaron empresas públicas, se desmantelaron aranceles y se otorgaron exenciones fiscales para atraer capitales foráneos, sentando las bases del modelo de maquila y zonas francas. Asimismo, se transfirió la carga tributaria desde el capital hacia el consumo mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conocido en la República Dominicana como ITBIS. Como había advertido Keynes, el gravamen general al consumo es profundamente regresivo: penaliza con mayor severidad a los sectores de menores ingresos, cuya propensión marginal al consumo es cercana a la unidad (gastan todo lo que perciben y deben endeudarse para subsistir), mientras que los estratos de mayores ingresos destinan una fracción minoritaria al consumo y canalizan el grueso de sus rentas hacia el ahorro y la especulación financiera.
Durante las décadas de 1980 y 1990, superada la fase de las dictaduras militares, este recetario se institucionalizó a escala global a través de los programas de ajuste estructural y condicionalidades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. En la República Dominicana vivimos tempranamente este impacto tras el acuerdo de Facilidad Ampliada con el FMI en 1983, que derivó en el estallido social de la «Poblada de abril de 1984», con un saldo trágico de muertos y heridos aún difícil de dimensionar. Procesos análogos de resistencia popular sacudieron a la región, como el Caracazo de febrero de 1989 en Venezuela.
La ofensiva no se limitó a la periferia; se implementó con idéntica agresividad en las economías centrales bajo las administraciones de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. Con el fin de restaurar la tasa de rentabilidad del capital, se flexibilizó el mercado de trabajo y se desregularon las finanzas. Hito de esta desregulación fue la derogación en 1999 de la histórica Ley Glass-Steagall de 1933, eliminando la separación obligatoria entre la banca comercial (captación de depósitos) y la banca de inversión especulativa, sembrando así las semillas de la crisis financiera global de las hipotecas subprime en 2008.
Para abaratar aún más los costes de producción, las corporaciones multinacionales deslocalizaron sus matrices manufactureras hacia economías con abundante mano de obra barata y disciplinada —principalmente en Asia y muy marcadamente en China—, al tiempo que toleraron flujos migratorios masivos hacia los centros industriales para contener los salarios domésticos.
Este paquete de reformas quedó codificado a partir de 1989 bajo el denominado Consenso de Washington, estructurado en diez postulados fundamentales:
- Disciplina fiscal: Reducción estricta de los déficits presupuestarios.
- Reordenación del gasto público: Eliminación de subsidios indiscriminados y focalización en infraestructura básica, educación y salud elemental.
- Reforma tributaria: Ampliación de la base imponible y reducción de las tasas marginales directas.
- Liberalización financiera: Determinación de las tasas de interés por las fuerzas del mercado.
- Tipos de cambio competitivos: Flexibilización cambiaria orientada a la exportación.
- Apertura comercial: Desmantelamiento arancelario y eliminación de barreras no arancelarias.
- Atracción de inversión extranjera directa (IED): Igualdad de trato jurídico para el capital transnacional.
- Privatización: Venta masiva de empresas estatales y servicios públicos al sector privado.
- Desregulación económica: Supresión de trabas regulatorias que limitaran la competencia y la rentabilidad empresarial.
- Seguridad jurídica de los derechos de propiedad: Blindaje institucional para los activos privados e inversiones.
Lejos de cumplir su promesa de derrame y prosperidad generalizada, cuatro décadas de hegemonía neoliberal profundizaron la polarización social. Mientras en la era del auge keynesiano el 50% de la población de menores ingresos acumulaba en conjunto cerca del doble de los ingresos del 1% más acaudalado, la evidencia empírica contemporánea documentada por el World Inequality Lab (liderado por Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman) demuestra que la ecuación se ha invertido: hoy, el 1% más rico concentra casi el doble del ingreso total que percibe el 50% más vulnerable de la sociedad.
El agotamiento distributivo, social y productivo de este modelo, combinado con las nuevas fracturas geoeconómicas y los choques en los mercados de la energía, ha colocado al mundo ante la necesidad impostergable de un cambio de paradigma.
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