Dados los numerosos avances contemporáneos, académicos, técnicos y prácticos, en materia de políticas públicas y privadas hacia el desarrollo sostenible, hoy en día uno tiene poca chance de argumentar desconocimiento: la experiencia acumulada es apabullante. Una óptima política social y medioambiental pasa por una buena política económica. Pero el estado de derecho en democracia no debe abdicar de su responsabilidad en implementar medidas supletorias y/o complementarias al mercado, en aquellos ámbitos en los que este no está en condiciones de proveer igualdad de condiciones y oportunidades con información transparente y actualizada ni brindar compensación social ni ecológica a los carentes de ellas. Esto es así también en nuestro pais.
POLÍTICA FISCAL Y MONETARIA. Dentro de la ortodoxia (la aplicada con éxito en los tradicionales países industriales de economía de mercado, como los EEUU, la Unión Europea, Japón y similares) así como de la heterodoxia (puesta en práctica también con éxito por los megapaíses emergentes de los BRIC –Brasil, Rusia, India y China– y semejantes), reina ya consenso acerca de que las políticas públicas que mejor pueden atender los objetivos del desarrollo sostenible son la política fiscal y la monetaria, en sentido amplio ambas.
En ese contexto, se define desarrollo sostenible como la utilización del conjunto de los recursos disponibles de forma tal que permanezca igual o más en cantidad e igual o mejor en calidad para las generaciones futuras. Recursos son, en su versión extendida, tanto los factores de producción como los bienes de capital, los intermedios e insumos y los servicios conexos.
Dentro de estas coordenadas, nuestro pais no es ninguna excepción: ni una “isla rodeada de tierra” ni un cementerio de teorías. Es la confirmación de las reglas tanto ortodoxas como heterodoxas, convergentes en consensos mínimos, por encima de determinados conflictos de objetivos.
Ningún estado de derecho en democracia puede acometer con éxito sus objetivos hacia el desarrollo sostenible si la política fiscal no es coherente con él, menos aún si no se pueden articular (¿todavía?) mayorías políticas ni legislativas para la sanción de las leyes correspondientes.
Tomado del Diario Ecologico
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